Ataques a embarcaciones civiles no redujeron llegada de drogas a EEUU, afirman ONU y DEA

Las maniobras militares ilegales de Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico contra embarcaciones supuestamente sospechosas de transportar drogas no han logrado reducir la oferta de cocaína en su propio territorio. Pese al despliegue de fuerza y a los ataques contra pequeñas lanchas en aguas de la región, los indicadores disponibles apuntan a la persistencia del tráfico, sin una disminución significativa del suministro ni de los precios de esta droga en el mercado estadounidense.

Estas operaciones, consideradas ejecuciones extrajudiciales, plantean graves cuestionamientos jurídicos, pues el uso de la fuerza militar contra embarcaciones civiles no puede justificarse bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Las acusaciones de transportar drogas no constituyen, por sí solas, una autorización para ejecutar ataques letales. Tales acciones deben ajustarse al derecho internacional y respetar las garantías fundamentales, incluido el derecho a la vida. Además de sus cuestionables fundamentos, la estrategia no demuestra resultados efectivos y puede desplazar las rutas del tráfico sin desmantelar las redes criminales que lo sostienen.

El relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, advirtió sobre la ineficacia de esta respuesta militarizada en una nota jurídica publicada en septiembre de 2026.

El documento recoge una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense que, a mediados de este año, concluyó que la ofensiva militar no había reducido la oferta ni el precio de la cocaína. Asimismo, datos que el Departamento de Defensa habría presentado ante el Comité de Servicios Armados del Senado mostraban que la droga incautada mantenía altos niveles de pureza, mientras las confiscaciones en la frontera estadounidense permanecían estables.

De acuerdo con esas estimaciones, la ofensiva estadounidense podría estar provocando una reconfiguración del narcotráfico en lugar de frenar sus operaciones. Los grupos criminales tendrían capacidad para adaptarse a la presión militar mediante el empleo de vías de traslado alternativas, cambios en sus métodos de transporte, la búsqueda de otros mercados y ampliar sus actividades ilícitas para compensar presuntos ingresos perdidos. Esta capacidad de adaptación, conocida como «efecto globo», permite que el negocio se desplace geográficamente sin que desaparezcan las redes que lo sostienen.

El relator cuestiona que las operaciones estadounidenses concentren sus esfuerzos en pequeñas embarcaciones, cuando una parte importante de la cocaína que circula por la región se transporta en buques portacontenedores.

Asimismo, muchos de estos cargamentos no son sometidos a inspecciones en los puertos, lo que deja abiertas otras vías para el movimiento de drogas, que posteriormente pueden ingresar a Estados Unidos a través de fronteras terrestres.

Del teatro de la «lucha antidrogas» a una campaña de ejecuciones extrajudiciales

Las críticas a la estrategia de Washington se producen tras más de 12 meses de ataques militares contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico (el primer ataque se hizo público el 2 de septiembre de 2025, de acuerdo con medios estadounidenses). Según los datos recopilados en el informe de Ben Saul, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 las fuerzas estadounidenses habrían atacado 68 embarcaciones en aguas internacionales, con un saldo de al menos 223 personas muertas.

Hasta el 12 de octubre, los ataques sumaban 79 y la cifra de civiles asesinados 238, según un detallado informe de la cadena CNN. Al menos 26 personas sobrevivieron a los bombardeos y tres quedaron brevemente bajo custodia de militares estadounidenses antes de ser devueltas a sus países de origen. Se estima que unas 23 personas murieron en el mar porque no fueron localizadas.

La Administración estadounidense ha justificado estas acciones con el argumento de que combate a organizaciones catalogadas como terroristas en el marco de un supuesto conflicto armado no internacional. A los tripulantes los llama «combatientes ilegales».

Saul cuestiona la validez de estas justificaciones y sostiene que el narcotráfico, por sí mismo, no reúne las condiciones para autorizar el empleo de la fuerza militar en legítima defensa. Frente a esta política, subraya que existen mecanismos alternativos, como la interceptación de barcos, las investigaciones policiales, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la colaboración entre países.

Desde esa perspectiva jurídica, el relator considera que la campaña constituye una sucesión de ejecuciones extrajudiciales y vulnera el derecho a la vida. Su análisis también advierte sobre las consecuencias que tiene eliminar a presuntos participantes de bajo rango en lugar de investigar el funcionamiento de las redes criminales.

Al matar a personas que pueden ser sustituidas con facilidad, las autoridades pierden posibles fuentes de información para identificar a los responsables de mayor jerarquía, reconstruir las operaciones de los carteles, confiscar sus activos y llevar a sus dirigentes ante la justicia.

Otro aspecto cuestionado es la prioridad que se concede a la cocaína, pese a que el fentanilo y otros opioides figuran entre las principales causas de muerte por sobredosis en EEUU. Según el documento, estas sustancias no ingresan mayoritariamente por rutas marítimas, lo que pone en duda la pertinencia de concentrar los recursos militares en ese tipo de operaciones.

A las consecuencias humanas y legales se suma el costo económico de la escalada. El reporte calcula que, hasta mediados de 2026, había consumido alrededor de 4.700 millones de dólares, fondos que podrían destinarse a investigaciones policiales sustentadas en pruebas, iniciativas de salud pública y programas capaces de abordar otros factores relacionados con el problema de las drogas.

El análisis cuestiona tanto la legalidad como la eficacia de la campaña estadounidense contra el denominado «narcoterrorismo». Mientras el uso de la fuerza letal suscita serias objeciones desde el derecho internacional, los datos expuestos en el documento tampoco muestran que la estrategia haya conseguido disminuir la disponibilidad o el precio de la cocaína en Estados Unidos.

T| Telesur