Narkys Blanco 
El movimiento político Pacto Histórico y el expresidente Gustavo Petro denunciaron públicamente las advertencias del presidente Abelardo De La Espriella contra los operadores judiciales que frenan la reactivación de las fumigaciones aéreas en Colombia.
En un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales, Petro rechazó la solicitud del Gobierno para que la justicia de Estados Unidos investigue a jueces y magistrados que se opongan a dicha práctica.
La polémica escaló tras las declaraciones directas de De La Espriella, quien afirmó haber encontrado múltiples trabas institucionales para retomar la aspersión de cultivos ilícitos.
El mandatario advirtió que obstaculizar la fumigación contribuye a extender este fenómeno, por lo que exigió a las autoridades norteamericanas revisar la conducta de dichos funcionarios, un movimiento que ha desatado fuertes críticas por representar una amenaza a la independencia judicial y a la soberanía nacional. En respuesta, Petro fustigó la estrategia oficialista al asegurar que castiga injustamente al campesinado en lugar de combatir a los verdaderos capos internacionales.
El exmandatario defendió los logros de su gestión, recordando que suspendió la aspersión química para priorizar la sustitución voluntaria por cacao, lo que permitió erradicar 7.000 hectáreas de hoja de coca y reducir a la mitad los homicidios en el departamento del Putumayo.
Asimismo, Petro rechazó la extradición a suelo estadounidense del líder disidente alias La Araña, ejecutada bajo la Administración de De La Espriella, y calificó el procedimiento como una maniobra para dinamitar el proceso de paz. Sostuvo que la legislación colombiana facultaba la suspensión de la entrega si existían avances reales, destacando que este grupo ya había iniciado el desarme de 90 combatientes y la disolución de sus estructuras armadas.
El exmandatario acusó a De La Espriella de aliarse con sectores radicales norteamericanos para imponer una política bélica guiada por la fuerza que solo acarreará mayor violencia a la cuenca del Amazonas.
El líder opositor remarcó que las fumigaciones masivas aplicadas en administraciones pasadas solo provocaron un aumento histórico en la siembra de coca, lo que evidencia la ineficacia de un modelo antinarcóticos centrado en la represión contra las comunidades rurales. Por su parte, diversas organizaciones sociales y juristas han advertido que la estrategia gubernamental golpea al eslabón más vulnerable de la cadena productiva sin afectar las finanzas del crimen organizado.
Cabe recordar que, tras una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, De La Espriella derogó en agosto la norma que desde 2015 mantenía suspendido el uso del herbicida glifosato para la erradicación de cultivos de hoja de coca mediante aspersión aérea. Esta decisión se da en un contexto marcado por fallos judiciales que previamente suspendieron los bombardeos ante el riesgo de afectar a menores de edad, y por la reciente decisión de un juez de Putumayo de frenar el plan piloto de aspersión aérea.
T/Telesur
