Narkys Blanco 
El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, ha presentado en la noche de este lunes su dimisión, horas después de apuntar que no lo haría, en lo que ha descrito como «una decisión política» tomada a fin de que su cargo no sea empleado «como herramienta de confrontación política», en medio de una investigación de las autoridades de Anticorrupción acerca de una trama en el seno de la Fiscalía que recibía sobornos de forma sistemática de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los fondos obtenidos.
«He presentado mi dimisión del cargo de fiscal general», así comienza el comunicado difundido en redes sociales por el propio Kravchenko, que ha querido subrayar que «se trata de una decisión política» tomada «de forma consciente».
El mensaje incluye un agradecimiento a sus compañeros «que realizan su trabajo con honestidad», «que presentan los cargos ante los tribunales, trabajan con las víctimas, documentan los crímenes rusos y defienden los intereses del Estado». «Vuestro trabajo no debe ser menospreciado en modo alguno».
Su decisión supone un notable giro con respecto a lo declarado por él mismo en la mañana de este lunes ante los medios de comunicación, a los que aclaró que «nunca» se aferraría al cargo, pero que no había tomado «ninguna decisión» con respecto a la posibilidad de dimitir y que la decisión sobre su hipotética salida correspondía al presidente del país, Volodimir Zelenski, o al Parlamento, autoridades a las que ha apelado en el anuncio de su dimisión: «Les pido que acepten mi dimisión».
La controversia que lo ha rodeado parte de llamada Operación ‘Cartago’, encabezada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania (SAPO, por sus siglas en ucraniano) y la Oficina Nacional Anticorrupción de (NABU).
En el marco de esta actuación, ambas autoridades anunciaron el pasado viernes que habían desarticulado una organización criminal liderada por el jefe de una de las divisiones de la Fiscalía General, la cual presuntamente recibía sobornos de forma sistemática de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los fondos obtenidos.
Según la investigación, un funcionario de la Fiscalía General creó el grupo a mediados de 2025, con la participación de fiscales en activo y algunos aliados. Los integrantes de la trama hacían uso de métodos extorsivos para permitir el funcionamiento sin restricciones de centros de llamadas clandestinos, que estafaron masivamente a ciudadanos ucranianos y extranjeros, según la NABU.
El 6 de septiembre, el Tribunal Supremo de Ucrania dictó una medida cautelar de prisión preventiva bajo fianza por valor de 120 millones de grivnas (unos 2,32 millones de euros) para el subdirector del Departamento de Cooperación Internacional, Serhi Kropiva, acusado de encubrir las actividades de los centros de llamadas fraudulentos.
T/Europa Press
