Narkys Blanco 
Las cinco cárceles de Perú que albergan al 50 % de cabecillas y miembros de bandas acusados por organización criminal fueron declaradas en emergencia para que la Policía Nacional mantenga el control del orden interno con el apoyo de las fuerzas armadas, según un decreto supremo publicado este sábado.
La norma aprobada por la presidenta Keiko Fujimori dispuso la declaración de emergencia por 60 días en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), así como en Trujillo Varones (La Libertad).
La medida comprende el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de 200 metros, zona en la que se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Además, el decreto establece que la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutará acciones para garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles.
Estas operaciones contemplan un control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas, anotó una nota de prensa de la Presidencia de la República.
Asimismo, se realizarán operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas de memoria SIM y armas en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad oficial que mantendrá la administración y la custodia interna de las prisiones.
El Ejecutivo subrayó que, durante la vigencia de la norma, se garantiza el respeto irrestricto a los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La medida busca combatir a las organizaciones criminales que dirigen sus delitos desde las cárceles hacia el exterior, como ha ocurrido con una serie de sonados casos vinculados al secuestro, extorsión y sicariato en los últimos meses.
La aprobación de esta medida se produjo después de que la mandataria se reunió el viernes con Galarreta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano en el Palacio de Gobierno.
T/EFE
