
El movimiento indígena originario campesino de Bolivia, así como diversos sectores, entre ellos los vinculados al expresidente Evo Morales, activaron este viernes una serie de movilizaciones y vigilias territoriales en rechazo a la aplicación de medidas neoliberales por el Gobierno de Rodrigo Paz. La marcha principal —de carácter pacífico y en defensa de la economía popular y la soberanía del Estado—tuvo lugar en la ciudad de Cochabamba (centro) y sirvió para rechazar el alza en los precios del diésel, la pérdida de ingresos y la persecución política contra dirigentes sindicales.
A través de una declaración-convocatoria, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fssutcc) y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas de Cochabamba Bartolina Sisa (Fdmcoit BS) manifestaron que «el Gobierno de Paz se ha constituido en un régimen dictatorial» que fomenta políticas privatizadoras, neoliberales y neocoloniales, las cuales provocan la subida de precios de la canasta familiar, falta de combustible y déficit de dólares.
Las organizaciones rechazaron el «dieselazo» impuesto por el Ejecutivo a través del decreto supremo 5676, el cual «afecta a todos los sectores sociales populares del país provocando la subida de los precios de los pasajes y los alimentos». Añadieron que el mandatario hace frente a escándalos que afectan directamente a su familia y sus ministros, «poniendo en evidencia redes de corrupción, narcotráfico y tráfico ilegal de minerales».
La protesta social contó con el respaldo estratégico de las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, quienes se declararon en estado de emergencia. Representantes suyos y de gremios advirtieron que mantendrán puntos de control carretero para defender los recursos naturales y evitar un operativo policial destinado a ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales.
El expresidente boliviano valoró que en el país tiene lugar una rebelión popular contra el neoliberalismo y contra el intento de destruir el Estado plurinacional e instaurar un Estado neocolonial, que permitiría el control de los recursos por los EEUU
Mientras, Paz intenta desviar la atención sobre los escándalos que afectan su entorno —entre ellos la contratación del operador de ultraderecha argentino Fernando Cerimedo— y denunció la existencia de conspiraciones orientadas a desestabilizar la institucionalidad democrática y frenar las reformas de su gestión.
T| TELESUR

