Italia y Dinamarca endurecen política migratoria
Wanda Virginia Carrillo Díaz 
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, emitieron este lunes 10 de agosto un comunicado conjunto en el que rechazan la inmigración incontrolada hacia el continente europeo. En la declaración, ambas mandatarias abogaron por la creación de centros de repatriación en terceros países fuera del espacio comunitario y por la aplicación de políticas de expulsión mucho más rigurosas para contener la crisis migratoria actual.
Las jefas de Gobierno defendieron el patrimonio cultural de la región y señalaron que la llegada irregular de personas genera presiones negativas sobre los servicios públicos e impacta en la seguridad ciudadana. Meloni y Frederiksen enfatizaron la necesidad de exigir el respeto estricto a las leyes locales a quienes pretendan radicarse en territorio europeo, asegurando que los Estados deben actuar con determinación ante cualquier intento de imposición cultural o comisión de delitos.
El pronunciamiento conjunto se produce en medio de severas tensiones diplomáticas surgidas tras la crisis migratoria registrada en la ciudad española de Ceuta, donde se reportó el ingreso irregular de miles de personas. Ante esta situación, el Gobierno italiano suspendió de forma unilateral la libre circulación del espacio Schengen en sus conexiones con España, restableciendo controles fronterizos preventivos en puertos y aeropuertos para frenar posibles desplazamientos hacia su territorio.
El Ejecutivo español exigió la suspensión inmediata de estas restricciones unilaterales por considerar que vulneran el Código de Fronteras Schengen y perjudican el tránsito de pasajeros en plena época estival. Sin embargo, las autoridades de Roma rechazaron la solicitud indicando que mantendrán las medidas de inspección por razones de seguridad nacional, argumentando que no aceptarán condicionamientos externos para defender la soberanía de sus límites territoriales.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de trabajadores migrantes condenan la externalización de las fronteras europeas hacia terceros países por considerarla una violación a los convenios internacionales de asilo. Plataformas sociales señalan que los discursos de criminalización encubren las causas estructurales del desplazamiento forzado y las responsabilidades del modelo económico transatlántico en el empobrecimiento del Sur Global.
La postura de las mandatarias consolida un giro restrictivo en la política de la Unión Europea, respaldado por llamamientos para suspender la cooperación Schengen en escenarios de contingencia. La contienda diplomática entre Madrid, Roma y Copenhague evidencia las divisiones internas del bloque comunitario frente a la gestión de las fronteras continentales y la protección de los derechos de la población refugiada.
T| TELESUR
